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Cristián Valdés
ASESOR LEGISLATIVO CDC

05 febrero 2015. El 10 de marzo de 2010, el Senado aprobó el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), último paso de un proceso iniciado en marzo de 2007, momento en el cuál los 30 miembros de la OCDE invitaron a Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia a iniciar negociaciones para integrarse a este selecto grupo.

Durante los tres años que transcurrieron entre la invitación y la formalización del ingreso, la labor de adecuación de Chile a los estándares regulatorios e institucionales de la OCDE fue incesante. Nuestro país adhirió a un conjunto de acuerdos, directrices y tratados, comprometiéndose a generar todas las reformas legales e institucionales necesarias para homologar nuestro marco regulatorio, garantizando el respeto, promoción y supervisión de principios y libertades comunes al mundo desarrollado. Esta adecuación es el elemento que posibilita  el libre flujo de capitales, relaciones comerciales y de información entre nuestro país y los países ricos.

Las exigencias medioambientales de la OCDE a nuestro país, se formalizaron en el documento “Evaluaciones del desempeño ambiental – Chile” (CEPAL – OCDE, 2005). De éste emanaron 52 recomendaciones, cuyas respuestas a su vez dieron lugar a la ley que crea el cargo de presidente de la Comisión Nacional del  Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado y a la ley que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

En este contexto, el ex Presidente Sebastián Piñera señaló y luego confirmó (25 y 26 de agosto de 2010) que la Central Termoeléctrica Barrancones, a 25 kilómetros del Santuario de la Naturaleza Punta de Choros, debería cambiar su ubicación, marcando un giro respecto de la decisión de la CONAMA regional de Coquimbo, que aprobó la instalación del megaproyecto.

Esta situación lejos de calmar las demandas ciudadanas generó una enorme sensibilidad en torno a los temas medioambientales, lo que se manifestó y agudizó en las diversas manifestaciones contra el proyecto Hidroaysén.

Ahora bien, el 26 de enero de 2010 estrenamos una institucionalidad Medio Ambiental que no ha sido capaz de contrarrestar los poderes del mercado, ni ha sido representativa para los movimientos sociales ambientalistas que demandan mayor protección. Tampoco ha sido suficiente para generar un ambiente que promueva la generación de energías limpias, ni para la promoción de una transformación cultural que promueva el ahorro energético y el reciclaje, tampoco ha propiciado un ambiente de certidumbre regulatoria y económica que oriente e incentive la inversión privada hacia energías limpias y renovables.

Necesitamos avanzar hacia un empoderamiento de la institucionalidad medioambiental y la generación de una política acorde a los estándares existentes, pues la actual data de 1998 y claramente no es representativa de los nuevos desafíos que nos impone el contexto internacional, nuestra posición de miembros de la OCDE, y las demandas sociales.

A partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el ingreso a la OCDE, se han  visibilizado situaciones como la de la Quebrada de la Plata, área de mucho interés ecológico y científico, ubicado en la comuna de Maipú, que ha sufrido graves daños debido a la actividad minera que se desarrollaba ahí, a pesar de ser una zona declarada como prioritaria para la conservación de la biodiversidad y además considerada como patrimonio natural y cultural de nuestro país. Algo similar está ocurriendo con el Bosque Panul, ultimo bosque nativo de Santiago, que alberga especies milenarias del bosque esclerófilo que está siendo amenazado por los proyectos inmobiliarios de la comuna de La Florida. Casos como estos, se han repetido en reiteradas ocasiones en nuestro país, en donde se incumplen tanto los tratados internacionales de medio ambiente, como nuestra Constitución (Art. 19 n°8) y leyes. Estos casos, han sido denunciados en reiteradas veces a la Superintendencia de Medio Ambiente, se han  generado agrupaciones y campañas en redes sociales que tratan de impedir el deterioro de estas áreas tan importantes para el país, pero no ha existido una respuesta.

Con la cumbre social sobre cambio climático de Bolivia del año 2014, se pretendía ratificar y mejorar la segunda etapa del protocolo de Kioto que dio inicio en la cumbre de Doha. Este tratado, que inició en el año 2008, pretende disminuir en un 15% las emisiones de 6 gases de categoría gases de invernadero que son generados principalmente por la quema de combustibles fósiles, industria y transporte. Al igual que muchos países de Sudamérica, Chile ratificó el protocolo de Kioto, cumpliendo las obligaciones básicas, pero no cumpliendo con las metas de reducción de gases de la primera etapa que era deducir el 5% de las emisiones de los 6 gases de invernadero. Hoy en día Chile emite por sobre las emisiones de gases permitidas, con incrementos de quema de combustible, altos flujos y atacamientos por el transporte y por mineras que parecieran tener derecho a contaminar, destruir y consumir energía de forma indiscreta en nuestro país. (OCDE, 2014) Esta falta de compromiso del Estado y de las grandes empresas e industrias, han generado significantes consecuencias como es desaprobación ciudadana de un 51% con respecto al manejo del Estado con respecto al cuidado del Medio Ambiente (Adimark, 2014) y una baja en la prioridad con respecto al respeto por el medio ambiente, siendo esta de un 4%, en donde predomina la igualdad de oportunidades. (CEP, 2014)

La legislación en Chile en ámbitos medio ambientales es muy flexible, carece de un cuerpo legislativo y una organización constitucional. Demostración de esto son las multas que no cubren los daños medio ambientales que generan las empresas. Somos el tercer país de Sudamérica que menos invierte en investigación, fomento y desarrollo medio ambiental (Pacha, 2010), somos un país minero que utiliza energía y contamina sin limitación legislativa alguna, somos un país que no promueve las energías limpias, pero sí las contaminantes, somos un país que importa plástico reciclado en vez de reciclar nuestro propio plástico.

Chile necesita una institucionalidad con “dientes” que muerdan cuando hay incumplimientos. Pertenecemos a un selecto grupo que es la OCDE, pero el factor que más frena al desarrollo son los factores medio ambientales. Es nuestro deber exigir a las autoridades una normativa que promueva las buenas prácticas, que eduquen a la sociedad, que desarrollen sistemas sustentables y que sancionen a quienes no cumplan la ley.

Entonces, ¿Chile es un país amigable con el medio ambiente?