Francisca Ayala-Cea
ESTUDIANTE DE DERECHO UNIVERSIDAD DE TALCA

 

24 marzo 2015- El 22 de marzo ha sido declarado como el día mundial del agua, demostrando,  que poco a poco, van surgiendo procesos de concientización respecto a su uso y consumo sustentable. Sin embargo, en Chile parece que aun no visualizamos su importancia, tanto en aspectos humanos como económicos.

La reforma al Código de Aguas está derechamente estancada: por más que se traten de asegurar derechos a nivel legal, estos no surtirán efectos si no se reafirma ese compromiso a nivel constitucional, ya que es deber del Estado reconocer el “derecho humano al agua”.

El derecho humano al agua implica que los seres humanos tendrán asegurada su cuota del recurso hídrico en casos de sequía extrema. Su consumo y uso para cosas tan básicas como el aseo personal o cultivo propio estaría protegido, y no acontecería lo que en la actualidad sucede: que es que las grandes mineras y empresas agrícolas consuman prácticamente todo el recurso, secando las cuencas y olvidando a la población que también depende del agua para desarrollarse.

 

“La tarea que nos queda como sociedad y al mundo político en general, es luchar para que la Constitución -o tal vez la nueva que se dicte- consagre el acceso al agua como un derecho fundamental, es decir, dando prioridad al consumo humano antes que al uso productivo”.

 

Se estima que en Chile alrededor de 500.000 personas son abastecidas por camiones aljibes, justamente las personas más vulnerables. Tanto por su condición de pobreza como por problemas de conectividad; ellos utilizan alrededor de 100 litros de agua per cápita por semana, muy por debajo de lo que la OMS recomienda, que es entre 50 y 100 litros por persona al día,  para garantizar que se cubran las necesidades básicas y evitar que surjan amenazas para la salud.

En el norte del país se produce la situación más grave, ya que las personas ni siquiera tienen asegurada el agua para su consumo personal, esto a raíz de que la minería es un factor económico tan relevante, que ella tiene prioridad en el uso del recurso.

En la zona centro, los derechos de aprovechamiento están sobre otorgados, haciendo uso de éste las personas que se encuentran en las primeras secciones de los ríos, dejando al resto de la gente con muy poca cantidad  de agua para poder regar y consumir.

En la zona sur del país, la situación ya adquiere carácter de emergencia: los animales mueren de sed, no hay forraje y los pocos animales que quedan vivos son rematados a precios muy baratos, dejando a las familias al borde la pobreza.

Sumemos el efecto que genera el fenómeno de La Niña, que nos recuerda cada cuatro años aproximadamente lo frágiles que somos, ya que una sequía puede paralizar a la agricultura y la ganadería, produciendo pérdidas  importantes en la economía del país y también en la propia economía regional.

La tarea que nos queda como sociedad y al mundo político en general, es luchar para que la Constitución -o tal vez la nueva que se dicte- consagre el acceso al agua como un derecho fundamental, es decir, dando prioridad al consumo humano antes que al uso productivo.