Por Javier Mandiola
El 2022 marca un antes y un después en el sistema de previsión social de Chile: un fallo de la Corte Suprema emitido en noviembre del mismo año le otorgó a las Isapres un plazo de 6 meses para realizar la devolución de cobros excesivos a sus usuarios desde 2019. El monto a devolver ascendía a 1400 millones de dólares según la Superintendencia de Salud -encargada de fiscalizar a las Isapres- según el mandato que le entregó el máximo tribunal de justicia del país. Sin embargo, las Isapres del sistema de salud privado, que atiende a alrededor de 3 millones de personas, tomaron la postura de la no devolución de los cobros excesivos. Lo anterior basado en la premisa de que la devolución, respaldada por una nueva tabla única de factores -sin discriminación por sesgo de género y edad- significaría el colapso del sistema de salud privado. En adición, las Isapres declararon que acatar el fallo de la Corte Suprema significaría el pago de 30 años de utilidades del sector y casi 3 veces el patrimonio de las Isapres.
Por lo anterior, cabe sopesar si es justo que una parte importante de la población chilena tenga la sensación de haber sufrido una serie de abusos por parte de quienes desde su fundación (1981) venían a presentar una solución a la necesidad de salud de la población.
Dicho en otras palabras: ¿es justo que quienes no puedan pagar sus deudas deban pagar intereses y cobros excesivos? Mientras, otros grupos pueden darse la oportunidad de negar el pago de una deuda generada por una política que discriminaba y castigaba a quienes eran mayores o mujeres debían pagar de más. Pues la respuesta parece simple. Y no es otra que una situación de tremenda injusticia en contra de quienes cumplen con su deber de pagar por los servicios que contratan. Puesto que, de otra forma, se verían enfrentados al corte del servicio, pago de intereses y, en el peor de los casos, embargo de bienes y activos.
En adición, no es común que cualquier chileno cuando se vea enfrentado al pago de deudas, pueda declarar ante la prensa nacional que el pago sus propias deudas le implicaría el colapso de su economía de hogar y por tanto pueda aplazar el pago de sus deudas -sin intereses por concepto de atraso- como hasta el momento han hecho las Isapres. Por otra parte, resulta inédito que las prestadoras de salud, hasta el momento que se redacta esta columna, no han sido capaces de entablar un diálogo con el gobierno de turno, en pro de llegar a una solución a un problema generado por ellos mismo. Siendo las únicas acciones por parte de las Isapres el declarar por tierra, mar y cielo que no están dispuestas a pagar su deuda para con los cotizantes que sí han cumplido.
A modo de cierre, es importante recordar que todas las personas tienen que pagar sus deudas, ya que si no lo hicieran se les cortaría el suministro o se les embargaría sus bienes y activos. También es fundamental reconocer que si alguien no puede pagar una deuda, debe al menos presentar un plan o voluntad de pago ante la persona o institución a la cual tiene una cuenta pendiente. Por último, es tremendamente injusto cómo las Isapres declaran ante la prensa nacional. que no están dispuestos a acatar la resolución de la Corte Suprema al argumentar que no tienen liquidez o que el sistema colapsaría.