Por Carlos Delgado Álvarez

La actual crisis social, política y sanitaria, tendrá consecuencias culturales. La convivencia en los hogares, en los lugares de trabajo; las relaciones de poder al interior de las instituciones complejas como las educativas y las de representación política; las formas de organización del trabajo y de las actividades productivas; la circulación de personas y mercancías por las vías de transporte tradicional; la investigación, el conocimiento, la cultura y nuestros modos de relacionarnos; todo está cambiando.

No será un amanecer ante una nueva realidad, pero si la configuración de un nuevo espacio cuyo punto de partida ha sido esta crisis sanitaria que ha acelerado unos modos de vinculación y que seguramente consolidará en una nueva forma de relación social, política y cultural para una buena parte de la humanidad y al interior de cada país. Lo mismo respecto de las áreas que se transformarán con mayor profundidad, siendo la educación una de las cuales tendrá los mayores retos, más que la incorporación de nuevas tecnologías como está ocurriendo en la industria y los servicios mercantiles, financieros y de transporte, implicará un cambio cultural que tendrá nuevos énfasis y desafíos en los ámbitos curriculares, de organización institucional y de las formas de enseñar y aprender:

• Respecto de las transformaciones curriculares se hace evidente la profundización de la formación para una ciudadanía que acoja los temas globales y locales con mayor énfasis, responsabilidad y sentido colectivo. El desarrollo de conocimientos y de una toma de conciencia ante el cambio climático y la equidad social; la valoración de la participación, de la tolerancia, del cambio y de la convivencia pacífica; el desplazamiento de la indiferencia ante el dolor, ante el egoísmo social, del individualismo por compromisos colectivos, la compasión y la solidaridad; la centralidad del desarrollo emocional de los estudiantes, entre otros, deberán ser los ejes del desarrollo curricular para la enseñanza y el aprendizajes de las ciencias, de las artes y de las humanidades.
• Las instituciones educativas deberán abandonar las arraigadas estructuras verticales existentes para acoger formas de trabajo educativo más horizontales, participativos, dialogantes, consultivos e inclusivos ante la emergencia de la diversidad de actores. Lo anterior no solamente para el espacio donde se congregan estudiantes y profesores, que ya debieran comenzar a configurarse físicamente de maneras más acogedoras y menos asociadas a formas industriales, sino que también en los cuales se delibera la formulación e implementación de las políticas públicas, especialmente en los cuales se toman las decisiones que impactan en la cotidianidad de la vida educativa, como son las escuelas, liceos y universidades. La arquitectura piramidal tradicional ya comienza a desplazarse en favor de nuevos espacios multinivel que permitirán la gobernanza de un sistema complejo, lo cual podrá garantizar mayores niveles de eficacia en el logro de sus objetivos.
• Enseñar y aprender será cada vez más diferenciado. La pedagogía educativa que ya venía alterándose sustantivamente producto de los nuevos aportes de las ciencias y disciplinas sobre el conocimiento del ser humano y de éste y su relación con el entorno inmediato, pero que la crisis ha dado un impulso acelerador que permitirá a lo menos, profundizar dos áreas: primero, la centralidad de las y los estudiantes, como sujetos activos de los aprendizajes propios, el de sus profesores y el de la propia institución educativa; y segundo, no menos central que la anterior, la preocupación e inversión en la formación de los profesionales de la educación. En efecto, a la insuficiencia anunciada de docentes para los próximos años en ciertos niveles y disciplinas, tenemos que agregar la necesaria inversión en la formación permanente de los docentes de aula y de directivos vigentes en el sistema escolar y de las instituciones y formadores de los docentes, tanto para abordar las necesidades actuales como futuras antes enunciadas, pero también para instalar e incrementar mayores y necesarios niveles de coherencia entre las políticas públicas y los objetivos que la sociedad formule para que el sistema educacional los pueda cumplir de manera efectiva.

Los retos educativos para el siglo XXI se han visto revitalizados unos y han emergido otros, lo cual además de ser un desafío actual, constituye un deber abordar desde la práctica escolar y académica, desde las política y la cultura, pero sobre todo, desde el seno de la profesión docente, desde la cual debiéramos no solo esperar sino que comenzar a escuchar y leer contribuciones que incrementen lo que Fullan y Hargreaves (2012) denominan “capital profesional”. Si nuestra preocupación por el bienestar de las próximas generaciones es genuina, no debiéramos discrepar en la urgencia de concretar esta inversión social ahora, pues no bastan que las instituciones sociales sean ordenadas y eficientes, sino que por sobre todo, sean justas.

Considerando lo anterior, las prioridades de la agenda educativa debiera incorporar a lo menos tres ámbitos de transformaciones si quiere incidir en la configuración de un nuevo modelo educativo para el país, más justo, solidario y sensible a las demandas ciudadanas y de los territorios regionales. Estos cambios deben ir en el sentido de terminar con la competencia y sus instrumentos accesorios como los incentivos, pagos por resultado o condicionados a requisitos de entrada, todos los cuales impiden el acceso y ejercicio del derecho a la educación, eliminando así el sesgo neoliberal. Tampoco debemos pretender hacerlo todo, debemos ser capaces de detectar, seleccionar y abordar aquellos plausibles de realizar en plazos previamente definidos, considerando todas las posibilidades y obstáculos factibles.

En primer lugar, nuestro país requiere avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, aquella que se imparte a través de los Servicios Locales de Educación (SLE) que se están instalando en el país. Esto requiere consolidar y mejorar lo realizado y apresurar el ritmo de incorporación de nuevos territorios. Algunas correcciones debieran ir en el sentido de cambiar el sistema de financiamiento desde la subvención por asistencia a presupuestos concordados, permitiendo proyecciones y estabilidad al mismo sistema y a las instancias decisionales; otorgar atribuciones de coordinación y ejecución de programas a las regiones, hoy existe un amplio espacio territorial, poblado de instituciones públicas, por lo tanto es necesario dotar a las regiones de una gobernanza territorial y coordinación multinivel que garantice los derechos y mejore la eficacia; dotar de atribuciones y capacidades para que en este nuevo escenario se avance en la configuración de programas curriculares pertinentes a las necesidades territoriales en un marco nacional de compromiso; disponer de un programa para el financiamiento de diseños e implementación de iniciativas de articulación con empresas, instituciones de educación superior y agencias sociales, construyendo espacios colaborativos cuyos beneficiarios sean los estudiantes y los territorios socio productivos.

En segundo lugar tenemos que concordar un nuevo trato con nuestros docentes, incorporándolos al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en espacios decisionales, lo cual permitirá fortalecer su autonomía y capital profesional. Independiente de atender las demandas gremiales, no debemos entramparnos en ello y fortalecer la confianza en su profesionalismo colectivo. Para ello es imprescindible atender con prioridad los conflictos en materia de participación y atribuciones profesionales que fortalezcan su rol educativo, pedagógico y de liderazgo en sus comunidades. Paralelamente, es necesario establecer una carrera directiva para los establecimientos públicos de los SLE con urgencia, de manera que se atraigan a profesionales capaces, que asuman su rol trascendente de líderes de comunidades que miran el mundo desde ellas y se sientan contribuyendo a la configuración de una misión superior, conscientes de que no son islas competitivas sino parte de engranajes colaborativos que forman parte del esfuerzo para construir un sistema educativo más justo y que ofrezca bienestar personal, comunitario y social.

Tercero, haciéndose cargo de la contingencia social y sanitaria, nuestro país debe tener una actitud proactiva en a lo menos tres ámbitos de acción urgente: uno, es necesario un fuerte plan de inversiones en los establecimientos públicos para dotarlos de infraestructura, equipamiento y capacidades para mejorar y mantener modalidades de trabajo presencial y virtual con altos estándares. Los espacios físicos y virtuales serán indispensables para dotar de una identidad rectora a la educación pública, proyectándola y profundizando la justificación del cambio que se requiere y anhela, dotando de sentido al esfuerzo que se está realizando para otorgar protagonismo al sector público. Dos, tenemos que diseñar e implementar con celeridad un programa de recuperación de las trayectorias educativas interrumpidas durante este último tiempo, tanto para estudiantes que se mantienen en el sistema escolar como para aquellos que lo han abandonado, a través de programas serios, flexibles y dentro de las escuelas y liceos, que permitan visualizar el interés y rol del Estado por hacerse cargo de la tragedia que muchas familias están viviendo. Tres, las instituciones de educación pública, en todos sus niveles, debieran implementar gratuitamente programas de formación continua que materialicen la oportunidad de ejercer el derecho a la educación permanente de cada persona que vive en nuestro país, que contenga alfabetización digital, formación ciudadana para la democracia e inserción en el nuevo mundo socio ambiental con capacidades concretas, entre otras.

Realizar cambios profundos no siempre implica desechar lo que con esfuerzo las generaciones anteriores han construido con sacrificio y compromiso creyendo que se hacía lo correcto; es la oportunidad para demostrar que sobre lo avanzado somos capaces de volver sobre nuestros pasos para profundizar lo que ha resultado, desechar lo que ha perjudicado e innovar con los nuevos conocimientos y capacidades hoy existentes para abordarlos con urgencia, responsabilidad y renovados sueños.

Si el mundo está cambiando producto de esta pandemia, es también una oportunidad para la escuela, ésta no puede permanecer estática. ¿Qué ha de cambiar en la escuela? Lo más relevante es la redefinición del tipo de liderazgo que se desarrollará y aunque parezca de perogrullo, no dará lo mismo quien dirija una escuela. Hay efectos significativos directos -demostrados por la investigación nacional e internacional-, que un fuerte liderazgo pedagógico puede contribuir a crear estructuras que faciliten el trabajo de los profesores y que éste, a su vez, incida en la mejora de los aprendizajes y desarrollo emocional de sus estudiantes.

Esta creencia es fundamental, si nuestros directivos saben que su liderazgo tiene consecuencias en el grado de colaboración y trabajo conjunto de los docentes, entonces debemos realizar esfuerzos formativos por promover e instalar en el sistema escolar modalidades diferentes a las tradicionales de conducir los procesos de gestión en ellas. El tipo o estilo de liderazgo que se practica en la escuela define las modalidades del trabajo profesional docente, es decir, de la enseñanza que se practica, y con ello las transmisiones simbólicas hacia los estudiantes, como las actitudes y valores que de ello se desprenden. Un liderazgo impositivo, impersonal, desconectado de la cotidianeidad, genera desconfianza en las relaciones interpersonales, indiferencia con el destino de los demás y de la comunidad, provoca apatía cívica, promueve el individualismo y la competencia anuladora de las virtudes y talentos de los otros.

En cambio, un liderazgo que se involucra en los desafíos personales y comunes, que practica la cercanía y el contacto personal con todos los miembros de la comunidad escolar, que está atento a sus necesidades y forma parte de la búsqueda de soluciones a las dificultades, provoca compromiso, solidaridad y colaboración. El estilo de liderazgo que se promueve y practica en nuestras escuelas no puede ser indiferente a los valores que se quieren inculcar a nuestras próximas generaciones.

Si bien la contribución del liderazgo pedagógico de la dirección escolar, en un contexto distribuido, centrado en el aprendizaje, es siempre indirecto, puesto que no reemplaza la labor del profesor, si puede contribuir a establecer las condiciones para que se trabaje bien en ellas. Sin duda la efectividad de un profesor está en relación con sus capacidades y motivaciones, con su compromiso y con las características del contexto, pero la creación de un ambiente y de unas condiciones que favorezcan a su vez un buen trabajo en las aulas, es algo que depende de los directivos y mientras más desfavorecido es el contexto social o menores los logros escolares de sus estudiantes, más significativa y necesaria es la calidad de los directivos. La escuela y los estudiantes más vulnerables son más sensibles a los efectos del liderazgo directivo, por lo que su calidad y efectividad importa más en estas escuelas.

En definitiva, si queremos una buena escuela, inclusiva y justa luego de esta crisis, los directivos deben contribuir a que los profesores enseñen mejor, pues la estrategia más prometedora para mantener un mejoramiento sostenido y sustantivo es el desarrollo de la capacidad de todo el personal de la escuela para funcionar como comunidad profesional de aprendizaje, donde lo predominante sea la responsabilidad colectiva con la mejora de la enseñanza, con el mejoramiento de los aprendizajes y el desarrollo emocional de los estudiantes, con procesos de toma de decisiones compartidas, informada y sobre la base de evidencia científica, guiada por el juicio y la experiencia colectiva. Los focos del trabajo profesional docente que promueve un liderazgo efectivo en las buenas escuelas buscan asegurar que todos los estudiantes aprendan, que se despliegue una cultura de la colaboración entre los docentes y profesionales de apoyo con el que hoy cuentan, saliendo del trabajo individualista, y con un enfoque en la calidad de los procesos y en el logro de resultados compartidos.

Estamos ante una oportunidad inmejorable para la construcción de una nueva escuela, una buena escuela. Una escuela que incorpore el trabajo desde los saberes previos de sus estudiantes, que serán diferentes, pero que podrá dotarlos de aquellos nuevos saberes y capacidades que les permitirán desenvolverse como ciudadanos críticos, integrales y competentes en sociedades cada vez más complejas pero que aspiren a que éstas sean más justas y democráticas.