Por Pablo Ortiz Muñoz (1)
El orden geopolítico está en proceso de cambio. Hoy, factores como la tensión entre Ucrania y Rusia con la reinstalación del peligro nuclear, la tensión generada por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, el crimen organizado transnacional, entre otros, han traído incertidumbre a nivel global y regional.
Además, fenómenos como las migraciones masivas y la escasez de recursos vitales como el agua, presagian nuevas tensiones para el futuro cercano. La expectativa ciudadana, entonces, se centra en que el gobierno pueda anticiparse a hechos críticos que amenacen la seguridad y el bienestar colectivo.
En este escenario, la calidad de la información es crucial. Y ahí es donde entra en juego la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). En el complejo y dinámico ambiente estratégico actual, la ANI debe servir como una fuente confiable de inteligencia que apoye la toma de decisiones políticas efectivas y oportunas.
Desde el 2004, nuestro país cuenta con un Sistema de Inteligencia del Estado, liderado por la ANI como órgano rector, y orientado a la recopilación y procesamiento de información relacionada con la seguridad. Ahora, casi 20 años después, enfrentamos el desafío de modernizar nuestro sistema para responder adecuadamente al cambiante panorama global, regional y local.
Entonces, ¿qué requiere nuestro sistema de inteligencia, y en particular la ANI, para mejorar su capacidad de recopilación y procesamiento de información? En primer lugar, necesitamos ajustar la Ley N°19.974 para situar a la ANI en una posición de liderazgo más directa y con dependencia directa del Presidente de la República, el principal usuario de la inteligencia estratégica generada.
Además, es esencial fortalecer la capacidad de la ANI para coordinar la inteligencia generada por las agencias militares y las agencias policiales. La experiencia internacional ha demostrado que la cooperación entre los componentes del sistema de inteligencia no puede dejarse al azar.
Pero no sólo se trata de modificaciones legales. También necesitamos una mayor inversión en la dotación y capacitación de los operadores y analistas de inteligencia. Tomemos como referencia el caso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, que supera en más del 90% la dotación de la agencia nacional.
También debemos dotar a la ANI de las herramientas necesarias para desarrollar ciberinteligencia. A medida que las amenazas a nuestros sistemas de comunicación e información aumentan, también debe hacerlo nuestra capacidad para detectar y contrarrestar dichas amenazas. Siguiendo el ejemplo del gobierno español, necesitamos asignar más recursos para reforzar nuestra infraestructura de seguridad cibernética.
La incertidumbre y la inseguridad que se viven a nivel global y regional no desaparecerán por sí solas. Necesitamos una Agencia Nacional de Inteligencia fuerte y efectiva para enfrentar los desafíos que se avecinan y garantizar la seguridad de nuestra nación. Esto no es solo una necesidad legal, sino una cuestión de voluntad política.
(1) Magister en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE); Egresado del Centro Conjunto de Operaciones de Paz del Estado Mayor Conjunto (CECOPAC); Diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado; Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Lagos.