Por Pablo Ortiz Muñoz (1)
Los ajustes a la función de inteligencia en muchos casos han estado asociado a tensiones que se generan entre los servicios de inteligencia y las autoridades que consumen la información generada por ellos. Por ejemplo, Al Gore en la National Performance Review del año 1993, cuestionó el desempeño de los servicios de inteligencia norteamericano durante la Guerra Fría dado que en ocasiones habían trabajado en temas que no eran de interés de los políticos.
La experiencia de las comunidades de inteligencia más consolidadas del mundo indican que los sistemas de inteligencia no se improvisan, muy por el contrario, son el resultado de una evolución impulsada por las necesidades estratégicas que surgen del contexto, pero también de los errores y las tensiones que parecen ser más comunes de lo que se podría pensar.
En el caso de nuestro país, si de contexto se trata, nuestra Política de Defensa da cuenta de un entorno de la seguridad y defensa que principalmente está caracterizado por desafíos, riesgos y amenazas de carácter transnacional y que requieren de una respuesta integral del Estado en un marco de cooperación con otros estados. Qué duda cabe que nuestro contexto está determinado en gran medida por la notoriedad que ha cobrado las organizaciones criminales asociado al narcotráfico, sicariato, migración ilegal, trata de personas y tráfico de armas, solo por mencionar algunos, los cuales ponen a prueba la capacidad de control del Estado y su capacidad de respuesta.
Una de las respuestas que ha surgido en la discusión parlamentaria es la creación de una Secretaría Nacional de Inteligencia, autoridad que será nombrada por el Presidente de la República y ratificado por dos tercios del Senado, y cuyas funciones serán: 1) Elaborar y presentar al Presidente reportes de inteligencia sobre amenazas actuales e inminentes a la seguridad interior y exterior y la defensa nacional de carácter secreto; 2) Requerir de los servicios de inteligencia militar y policial, así como de Aduanas, Gendarmería, UAF y del SII, la entrega oportuna e íntegra de la información útil para el análisis de inteligencia que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones; 3) Crear y administrar un sistema nacional de clasificación de información y administrar el sistema de registro, consulta, custodia y auditoría de la información clasificada y 4) Tomar conocimiento y llevar un registro de los procedimientos especiales de obtención de información de fuente cerrada.
La experiencia norteamericana da cuenta de la pertinencia de incorporar una autoridad que sea el enlace entre el Presidente y las agencias de inteligencia, pero que, además, ejerza el rol de coordinador entre las agencias de inteligencia con el propósito de generar colaboración en términos de información. Tarea que en lo formal parece ser sencilla, pero que en términos reales es mucho más complejo de lo que parece, pues las agencias por un lado tienden a desarrollar sus propias culturas internas, que no necesariamente propenden a la cooperación y, por otro lado, se suman las tensiones entre agencias, dado que cada una resguarda su área de competencia.
Independiente de la propuesta, debemos preguntarnos: ¿cuál es el fundamento de la pertinencia de este modelo? ¿Responde a los desafíos estratégicos o solo a las circunstancias? De acuerdo a la experiencia internacional, ¿cuál será el modelo más apropiado para un país potencia media como Chile?
Pero junto con establecer qué modelo es el más apropiado, la discusión también debería orientarse a evaluar el funcionamiento del sistema de inteligencia vigente y definir los instrumentos que permitirán contar con una inteligencia ágil, oportuna y útil en la entrega de información, para responder de forma eficiente a los desafíos, riesgos y amenazas que plantea un escenario complejo y dinámico.
(1) Magister en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE); egresado del Centro Conjunto de Operaciones de Paz del Estado Mayor Conjunto (CECOPAC); Diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado; Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Lagos.