Por Lukas Godoy Gotschlich
La propuesta constitucional para Chile, que hoy está entrando en sus últimas etapas, refleja la voluntad de la ultraderecha en retroceder en dimensiones culturales, económicas, sociales y valóricas que nuestro país había ido trabajando desde el retorno a la democracia.
Llama la atención el discurso que dan para validar este escrito basado en el concepto de libertad; libertad en salud y educación, por ejemplo. Este es un concepto que han logrado tergiversar para llegar a una ciudadanía desinformada. En ese contexto, me pregunto qué libertad tendrá una persona en salud de escoger si va a Fonasa o Isapre, siendo que al año 2021, según la Superintendencia de Salud, el 77% de las personas estaba en Fonasa, un 17% en Isapres y un 6% en otros, como lo son las Fuerzas Armadas. La tendencia en la fuga de afiliados de las Isapres ha ido al alza, la que bien hoy podría estar en más del 80% de la ciudadanía afilada a Fonasa. Por lo tanto, ¿qué libertad existe realmente si las personas dependen únicamente de sus ingresos? Lógico que la tendencia estaría en Fonasa, si esta depende del 7% de los ingresos por contribución salarial como financiamiento.
En cuanto a la educación, existen cuatro formas de educarse en nuestro país: establecimientos municipales, administración delegada, subvencionados y particular pagado. Nuevamente caemos en la trampa de los ingresos, ya que una familia promedio, ¿puede realmente elegir una educación sin depender de sus ingresos? Según el Ministerio de Educación, de los 100 colegios con los mejores puntajes PAES, 96 son particulares, 3 municipales y uno subvencionado. Cabe destacar que en la mayoría de estos colegios se exige una cuota de incorporación que supera el medio millón de pesos y sus valores de matrícula y colegiatura se manejan en UF.
Precisamente, por un particular apoyo ciudadano, con características que no se benefician en ningún aspecto de este nuevo “pacto” constitucional, es que debemos ser críticos en denunciar esta propuesta, pero abriendo alternativas. Aunque de pacto esta propuesta constitucional tiene poco, dado que el partido Republicano casi no se ha esforzado a lo largo del proceso constituyente en buscar acuerdos transversales con el resto de los partidos. No obstante, es innegable el apoyo que obtuvo esta colectividad previo al inicio del proceso constitucional a la hora de elegir a sus consejeros, llegando a un 35,4% de las preferencias, superando la marca establecida por la Democracia Cristiana (DC) en las elecciones municipales de 1992 con un 30,8% de las preferencias. Claro, la preferencia republicana se debió a una suerte de tormenta perfecta: factores como una creciente ola de crimen y percepción de inseguridad en la población, indultos presidenciales impopulares y el asesinato de tres Carabineros a semanas de las elecciones, provocaron la sintonización de las ideas conservadoras con el electorado.
Recordando que el ser humano tierne la facultad de ser noble y justo, pero la masa tiende a ser temerosa ante preocupaciones coyunturales por decirlo poco, en mi humilde opinión, de materializarse una Constitución tan conservadora y restrictiva, nos devolvería a las reformas de los años 80.