Por Estefanía Rojas
Mucho se ha escrito y dicho sobre la desigualdad, fenómeno que aparece de manera recurrente en el debate público. Es pertinente señalar que por regla general la dimensión más tratada en nuestro país es aquella que dice relación con la desigualdad económica, muy presente en la discusión de la reforma tributaria o pacto fiscal que actualmente se procesa en el ámbito prelegislativo. Sin perjuicio de la importancia de esta dimensión, debemos tener presente que la desigualdad es un fenómeno multidimensional que afecta en distintos ámbitos a la sociedad. Así, podemos destacar otra expresión muy relevante como resulta ser la desigualdad territorial, la cual se asocia a disimilitudes presentes según el lugar en que se vive, en las posibilidades de acceso a educación, salud, viviendas de calidad, servicios básicos y lugares de recreación, lo cual va ligado a fenómenos como la pobreza y la marginalidad.
En Chile, la desigualdad territorial se expresa entre todas sus regiones y se puede decir que aquellas que no corresponden a la Metropolitana, Valparaíso y Biobío, las zonas más densamente pobladas, experimentan con mayor intensidad los perjuicios que trae aparejado el hecho de que Chile sea un país centralista. Esto ha contribuido a consolidar un Estado macrocefálico, el que ha estimulado la concentración y, como consecuencia directa, ha provocado una desigualdad territorial de carácter estructural que se resiste a los esfuerzos por mitigarla, lo que se reforzó en el periodo de la dictadura militar con una política social como es la de vivienda, que consolidó la expulsión de quienes tienen menos recursos hacía la periferia de la ciudad sin considerar los efectos nocivos de una medida de esta naturaleza.
La desigualdad territorial tiene tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, la tendencia de grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad. En segundo lugar, la conformación de barrios socialmente homogéneos y en tercer lugar, la percepción que tienen los residentes de barrios segregados respecto de las dos primeras dimensiones. Si se toma como ejemplo a la región Metropolitana, la primera y la segunda dimensión se grafican de forma clara. Los grupos sociales de clases medias, medias bajas y pobres, tienden a concentrarse en comunas del centro de la ciudad y también en comunas periféricas. Por otra parte, aquellos habitantes de clases sociales medias altas y altas, se concentran en el sector oriente de la ciudad. Consecuencia de lo anterior, es la formación de barrios socialmente homogéneos, cuyos habitantes tienen costumbres y aspiraciones similares y una perspectiva y forma de vivir muy parecida. Este hecho diferencia la forma de vivir de quienes tienen menor capital socioeconómico y cultural de aquellos que cuentan con mayores recursos y viven en barrios a los cuales la segregación territorial no los afecta.
La percepción que tienen los habitantes de barrios segregados de sus propios barrios se asocia con un concepto muy relevante, el de marginalidad. Esta se materializa de muchas maneras: marginalidad en el sentido de que los barrios segregados espacialmente quedan a grandes distancias de los lugares en los cuales sus habitantes trabajan y por ello deben utilizar mucho tiempo en trasladarse de sus hogares al trabajo y viceversa. Marginalidad también en el acceso a áreas verdes y recreacionales. Mientras en las comunas del sector oriente de Santiago la existencia de áreas verdes es algo que se da por sentado, en las comunas periféricas no se cuenta, salvo excepciones, con extensiones de áreas verdes, que les permitan a sus habitantes distenderse de sus quehaceres habituales. Marginalidad que igualmente se expresa en el hacinamiento lo que produce que los habitantes de barrios segregados territorialmente viven en casas pequeñas con numerosos integrantes.
Las consecuencias de la desigualdad territorial son evidentes. Frente a ello, se deberían tomar acciones para aminorar sus efectos y para propender a su disminución e idealmente en un futuro, a superarla. Esto es una obligación del Estado a través de la política pública, pero que requiere del complemento de la sociedad civil. En este sentido el rol que han jugado distintas fundaciones e instituciones es clave. Entre estas, encontramos, por ejemplo, al Hogar de Cristo, a la Fundación para la Superación de la Pobreza, a la Fundación Mi parque, Techo (ex Un Techo ara Chile), por mencionar a algunas de ellas.
El desempeño de las organizaciones de la sociedad civil es de suma importancia. Muchas de ellas colaboran en temáticas en las que el Estado no logra dar abasto. Prueba de ello es, por ejemplo, el rol que juega Techo en la erradicación y disminución de los campamentos. Otro ejemplo lo constituye Fundación Mi Parque, organización dedicada a construir áreas verdes en zonas vulnerables de las distintas regiones del país. Ejemplos de lo anterior sobran, entonces es pertinente señalar que la sociedad civil desempeña un verdadero rol de gestor y ejecutor de políticas públicas e iniciativas privadas que propenden a la mejora de la calidad de vida.
La sociedad civil requiere ser empoderada en su accionar para paliar los efectos de la desigualdad territorial y las personas de a pie pueden colaborar de muchas maneras. Entre ellas, siendo socio de una fundación, participar en campañas de construcción de viviendas, de áreas verdes y también, se puede colaborar mediante la elaboración de insumos de información sobre la materia, rol que por ejemplo juega el Centro de Democracia y Comunidad a través de diversas publicaciones y estudios referidos a políticas públicas de distintos tópicos.
Es clave que el rol de la sociedad civil se complemente con políticas públicas ejecutadas directamente por el Estado para ir dándole solución a esta problemática, lo cual puede enfocarse en la construcción de más viviendas fiscales, en programas de construcción y activación de áreas verdes, en mejoras de conectividad de la ciudad para reducir los tiempos a bordo del transporte público, entre otras.
En definitiva, en temáticas sociales tan complejas como la segregación territorial, la acción del Estado por sí sola no basta, debe complementarse con el rol activo de la sociedad civil. Lo que no puede ocurrir es que el Estado no actúe y no regule adecuadamente la relación que tendrá con los actores que desde la sociedad civil contribuyen a enfrentar los problemas sociales. Por otra parte, nadie puede concebir que sean los actores de la sociedad civil los que por sí solos deban asumir estas responsabilidades.