Por Gabriela Galdames Mardones

La noticia que ha generado tensión en el panorama político del país es el veto presidencial al proyecto de Ley de Usurpaciones. Ahora, el proyecto, con las indicaciones del ejecutivo, será revisado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Surge de la necesidad de abordar el problema de la toma ilegal de terrenos, enfocándose en tres puntos clave: en primer lugar, reemplaza las multas por penas privativas de libertad para el delito de usurpación; además, extiende el estado de flagrancia, permitiendo la restitución anticipada durante la acción penal o civil; y por último, contempla la legítima defensa privilegiada.

El veto destaca por rechazar la legítima defensa privilegiada, argumentando que fomenta la autotutela y permite a las personas, con armas y terceros, reivindicar bienes en cualquier momento, según la ministra Tohá. Esta discusión refleja un antiguo debate sobre el monopolio estatal de la fuerza en la sociedad. Cuando las instituciones funcionan, la fuerza de los particulares disminuye, pero sucede lo contrario cuando las instituciones fallan, llevando a la acción individual. En casos de usurpación, actualmente hay dos vías: la penal, mediante el delito de usurpación; y la civil, alegando acción de precario en juicio sumario. Ambos procedimientos surten efecto después de la sentencia, llegando tarde mientras la propiedad sigue ocupada ilegítimamente.

El proyecto de ley busca abordar el problema de las tomas ilegítimas robusteciendo las penas y promoviendo la autotutela, alejándose de una solución efectiva. Conceder más facultades al particular debilita al Estado y afecta la convivencia. La mejora de la gestión judicial y otorgar herramientas eficientes a los tribunales son clave, un acierto del proyecto de ley es el aumento en el tiempo del estado de flagrancia. Esto permite procedimientos de reivindicación antes de recurrir a querellas o demandas, evitando la judicialización y cooperando con el descongestionando los tribunales.

El veto presidencial podría ser una oportunidad para replantear cómo abordar la toma ilegal de terrenos, sin depender exclusivamente de la legislación. A veces, se resuelve mejorando la gestión de tribunales y buscando fórmulas para reducir su congestión. Se plantea la pregunta crucial sobre si promover la autotutela es saludable para la democracia o si es más beneficioso reforzar las instituciones del Poder Judicial para una gestión eficiente de los tribunales.