Desafíos en transparencia de las Fuerzas Armadas

Miguel Urrea

 

Miguel Urrea
ASESOR LEGISLATIVO CDC
Defensa y Relaciones Exteriores

Columna publicada en Coorperativa.cl

 

 

La transición en Chile ha dejado una serie de instituciones, procedimientos y conductas no democráticas en un sistema de gobierno democrático, lo que Manuel Antonio Garretón denominó como enclaves autoritarios y que, a su vez, han generado otro tipos de enclaves y distorsiones asociadas a la transición, de acuerdo a Peter Siavelis.

En base a este contexto histórico e institucional se pueden mencionar algunos enclaves arraigados en las Fuerzas Armadas hasta hoy y que influyen en las relaciones cívico-militares: las “leyes secretas” de la Dictadura, la Ley Reservada del Cobre y la Ley N°18.771, que faculta al ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad Pública, a eliminar archivos oficiales sin solicitar autorización previa.

Cumplido un cuarto de siglo desde el término de la Dictadura Militar aún se mantienen con el carácter de secretas o reservadas 254 normas de nuestro ordenamiento jurídico, de las cuales 176 fueron promulgadas entre el año 1973 y marzo de 1990.

El contenido, por su carácter, es desconocido por los ciudadanos, pero a través de solicitudes realizadas por el Congreso conocemos que muchas de estas tratan materias de las Fuerzas Armadas. Aun cuando la aplicación de algunas se encuentran derogadas es importante por transparencia y por contribución a la investigación histórica develar el contenido de estas leyes.

El segundo elemento presente es la Ley Reservada del Cobre, que por su configuración no es posible de fiscalizar en el uso de sus recursos por instituciones externas al ministerio de Defensa, como la Contraloría y la Cámara de Diputados. Esta situación ha sido el caldo de cultivo para la presentación de boletas falsas y abuso de los fondos en el Ejército, lo que públicamente ha sido denominado como Milicogate. Tema aparte y necesario de discutir es cómo avanzar a un sistema de financiamiento permanente para las Fuerzas Armadas, que considere aspectos al corto, mediano y largo plazo.

Finalmente un tercer elemento anacrónico es la Ley N°18.771, creada el año 1989 por la Junta de Gobierno, que faculta a las instituciones de la Defensa Nacional a eliminar archivos y documentos sin la autorización de la Presidencia de la República y del Conservador del Archivo Nacional. Esta norma otorga una facultad extraordinaria dentro del Estado a estas instituciones con la clara intención de permitir la destrucción de documentos oficiales, sin dejar registro de la existencia de estos.

Con bastante certeza, muchos de esos documentos que han sido destruidos nos habrían permitido dar respuestas a las interrogantes que hoy tenemos respecto a lo hechos ocurridos durante la dictadura. Es muy difícil justificar una norma de estas características hoy.

La necesidad de transparencia y de hacer prevalecer el principio de la publicidad de los actos públicos tiene una profunda vocación democratizadora, porque el acceso a la información por parte de los ciudadanos permite a estos actuar contando con todas las herramientas en las decisiones públicas y ejercer accountability al Estado.

De ninguna forma la derogación de estas normas va dejar en descubierto los secretos militares o va a poner en riesgo la seguridad del Estado porque estas materias están resguardadas por la Constitución.

En medio de la crisis de desconfianza de las instituciones, es importante destacar que aquellos países donde las instituciones tienen prácticas transparentes y en los que se ejerce accountability vertical, son precisamente los que gozan mayor nivel de confianza hacia las instituciones a nivel mundial como los Estados escandinavos y algunos de la Europa Central como Suiza y Alemania.Esto se correlaciona fuertemente con instituciones que son inmunes a actos de corrupción y que son eficaces y eficientes.

En definitiva el que tengamos instituciones transparentes, tanto para las Fuerzas Armadas como para cualquier otra institución del Estado, nos permite reducir la sensación de corrupción y que estos actos se concreten, aumentar la confianza, ejercer control institucional, empoderar a los ciudadanos y contar con instituciones eficaces con su misión.