Proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería: ¿una oportunidad fallida?

Lucas Paredes

 

Lucas Paredes
ASESOR LEGISLATIVO CDC
Defensa y Relaciones Exteriores

Columna publicada en El Mostrador

 

 

Según la segunda entrega de resultados del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile residen 746.765 inmigrantes, esto corresponde al 4,35% de la población nacional. A la luz de dicha cifra, pareciera ser que, proporcionalmente, hay pocos inmigrantes en Chile, -bajo el promedio de países OCDE que es de un 10% aproximadamente-. El problema es que desde el 2015 a la fecha, ha habido un crecimiento importante y progresivo de extranjeros en nuestro país -por múltiples factores regionales-, que han hecho que en el cotidiano de las personas se genere una interacción mayor y permanente con inmigrantes de distinta etnia, cultura y costumbres. Ahora bien, ¿cómo responde el gobierno ante esta realidad?

Según Lelio Mármora (2003), las migraciones del siglo XXI responden al desequilibrio generado entre un mundo desarrollado y un mundo en desarrollo. En este sentido, las migraciones actuales son vistas como una redistribución de la pobreza, en un mundo en donde la riqueza se concentra cada vez más en pocos conglomerados de personas, generalmente, vinculados al capital financiero. Esto se acentúa, si consideramos que las actuales migraciones transnacionales se generan en una relación Norte-Sur (ver Stephen Castles, 2004) aumentando hacía nuestra región (Martínez Pizarro & Orrego Rivera, 2016).

Ante este escenario, el gobierno de Sebastián Piñera en junio del 2013 presentó su proyecto titulado Ley de Migración y Extranjería -Boletín n°8970-06-, el cual, dormiría hasta que en marzo del 2018 se le diera urgencia simple. Si bien, el pasado 10 de abril el gobierno presentó indicaciones, estas no se hacen cargo de la principal crítica al proyecto, su enfoque en la seguridad interior, por sobre los Derechos Humanos.

Lo señalado se manifiesta con claridad en las palabras del Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla al decir que no cree en la migración como un derecho, a pesar de que Chile suscribe a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las indicaciones del gobierno son reflejo de aquello. Esto se ve reforzado por los argumentos esbozados por los expertos en la materia que han asistido a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados a plantear esta y otras críticas.

El abogado Alexis Aguirre, del Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó que el proyecto hace una distinción en los derechos otorgados a los hijos de inmigrantes, dependiendo de la calidad regulatoria de los padres, que no se ajusta a estándares internacionales, así como también, los factores de expulsión son bastante amplios con sanciones desproporcionadas. A su vez, el profesor Gonzalo Aguilar, académico de la Universidad de Talca, expuso que en la ley prima un enfoque de carácter de seguridad y que, basado en el enfoque de derechos, no se explicitan las obligaciones que tiene el Estado con respecto a los inmigrantes. Para finalizar con lo planteado por los expertos, Luis Thayer académico de la Universidad Central, argumentó que la ley busca entregar al ejecutivo la potestad de definir la política migratoria mediante vía administrativa (ver sesión del 8 de mayo de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización).

Como podemos apreciar, las críticas son bastante graves, a pesar de que el proyecto de ley es un avance con respecto a la institucionalidad vigente heredada de la dictadura.

Todo esto configura un escenario inquietante, convengamos que, si la ley se aprueba por el Congreso y se proclama como está, habrá sido una oportunidad perdida para Chile y deficiente e irresponsable para con los inmigrantes, es decir, este tema que está en la opinión pública y se discute actualmente pasará y dará paso a otros temas relevantes en la agenda pública y de gobierno. Esta ventana de oportunidad debemos aprovecharla y es responsabilidad tanto de los congresistas, del gobierno, sociedad civil y otros grupos tanto privados como públicos alzar la voz para que la ley que se proclame sea lo más moderna, eficiente y eficaz con respecto al fenómeno de la migración y que la entienda como multicausal, dinámica y provechosa para Chile. Debemos como país dejar de lado los mitos -ampliamente refutados por la comunidad académica- como el de establecer una relación causal de falta de empleo con inmigración, o falta de seguridad con inmigración. En consecuencia, una política pública seria no debe realizarse con miras a satisfacer cierto electorado -xenófobo o racista especialmente- y miedos infundados.

Este proyecto de ley debiese incorporar y darles garantías explícitas a las personas inmigrantes, ampliándoles sus derechos. Aspectos básicos como la vivienda, educación efectiva, acceso y cobertura de salud, son factores que deben ser ejes en esta política pública. Lo anterior, no debe estar supeditado en ningún caso a la calidad regulatoria de la persona en cuestión, en este sentido, el principio de igualdad y el enfoque de integración por sobre el de restricción, deben primar.

En lo específico, estas indicaciones del gobierno tampoco toman en cuenta un enfoque de género -haciendo caso omiso a las características de las migraciones contemporáneas- y, menos aún, no se menciona una protección efectiva a niños y niñas en su situación de inmigrante.

Ya es hora que, independientemente del gobierno de turno, nuestro país elabore sus políticas públicas no de forma reactiva, es decir, que no actúe después de algún hecho o coyuntura relevante, sino que sea capaz de prevenir situaciones o generar programas a largo plazo. Canadá por ejemplo, está actualmente cursando un programa para atraer a más de un millón de inmigrantes en función de sus intereses nacionales respetando sus derechos humanos, aunque aun así posee faltas y aspectos a mejorar. En este sentido, la experiencia comparada es de mucha utilidad, mirar y analizar a nuestros vecinos regionales y de similar diseño institucional sirve para generar pensamiento crítico y activo con respecto al fenómeno de las migraciones y desde allí, plantear soluciones y políticas públicas sólidas y de largo plazo.

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