Luis Ruz, presidente del CDC: “El voto obligatorio permite asegurar inclusión y fortalecer la legitimidad de los gobiernos”

En medio del debate legislativo sobre el proyecto de ley que establece multas para quienes no cumplan con el deber de votar, el presidente del Centro Democracia y Comunidad (CDC), Luis Ruz, recalcó en El Primer Café de Radio Cooperativa la importancia de contar con un sistema electoral basado en la participación.

“En el tiempo en que estamos viviendo, la democracia como la conocemos está en riesgo por varias razones, y una de ellas se relaciona directamente con la participación electoral”, advirtió Ruz.

La capacidad de un sistema político de responder a las preferencias ciudadanas y de validarse como democrático depende en gran medida de su nivel de legitimidad, lo que se fortalece a través de una alta participación en las urnas. “Cuando la participación electoral es muy baja, que es el problema del voto voluntario, en términos reales significa que las autoridades terminan teniendo una legitimidad acotada”, señaló.

Ruz sostuvo que el voto obligatorio es un mecanismo institucional que permite asegurar inclusión, generar incentivos en la discusión política y corregir sesgos de representación. “Los estudios demuestran que, bajo el voto voluntario, en general solo concurren aquellos sectores con mayor capital cultural y mayor capacidad de información. En cambio, con el voto obligatorio, ese sesgo al menos se corrige a partir de la participación de los electores”, agregó.

En esa línea, enfatizó que la democracia es un régimen exigente que requiere no solo participación electoral, sino que una adhesión cultural al sistema. “Si la política se hace solo entre élites y grupos de poder, muy alejada de los ciudadanos de a pie, lo que se produce es un debilitamiento de la democracia. Por eso, quienes tenemos mayor acceso a la información debemos promover que la mayor cantidad de personas vote, para legitimar aún más el sistema político democrático”, concluyó.

Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados sancionará el proyecto de ley que repone las multas asociadas al voto obligatorio que contempla sanciones que van desde 0,5 hasta 1,5 UTM ($34 mil a $103 mil), aplicables a quienes no concurran a sufragar. La normativa establece excepciones para personas que se encuentren fuera del país, a más de 200 kilómetros de su local de votación, o que presenten un impedimento de salud debidamente acreditado. También quedan exentas las personas con discapacidad certificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.422.

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