Por Nicolás Ibarra A.
Economista
Existe una frase clásica en economía que señala que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Pocas áreas reflejan esta realidad con tanta claridad como la salud y la educación pública.
En los últimos meses, la discusión sobre restricciones presupuestarias, ajustes fiscales y sostenibilidad financiera ha vuelto a instalarse con fuerza en el debate público. Sin embargo, para quienes hemos trabajado en la administración de instituciones complejas, esta realidad no constituye una novedad. Más bien, representa una condición permanente con la que hemos debido convivir durante años.
Tanto en salud como en educación, las necesidades siempre han superado los recursos disponibles. La diferencia es que, en períodos de mayor disponibilidad presupuestaria, esta tensión suele pasar más desapercibida. Cuando existen restricciones fiscales o ajustes presupuestarios, la discusión se vuelve visible y la presión sobre las instituciones aumenta, sobre todo en tiempos donde se proyecta un déficit fiscal del 2,4% para el año 2026 y una deuda pública del 43,1% del PIB, al límite con el umbral prudente del 45%.
Desde mi experiencia en ambos sectores, he podido observar que gran parte de la gestión ocurre lejos de los titulares. Administrar instituciones públicas no consiste únicamente en ejecutar presupuestos o cumplir metas administrativas. Implica tomar decisiones complejas todos los días: priorizar necesidades, asignar recursos limitados, gestionar riesgos, coordinar equipos y asegurar la continuidad de servicios esenciales para la población.
En este contexto, la gestión adquiere una relevancia fundamental. La eficiencia en el uso de los recursos públicos no es una opción, sino una obligación permanente. Siempre existirán espacios para mejorar procesos, fortalecer controles, optimizar compras, modernizar procedimientos y utilizar de mejor manera los recursos disponibles. Sin embargo, reducir toda la discusión a un problema de gestión sería una simplificación excesiva.
Del mismo modo, concentrar el debate únicamente en la reducción o contención del gasto tampoco parece suficiente. La sostenibilidad de instituciones tan relevantes como hospitales, establecimientos educacionales y servicios públicos requiere abordar simultáneamente dos dimensiones: una gestión eficiente de los recursos y una discusión seria sobre cómo asegurar fuentes de financiamiento capaces de sostener la operación en el largo plazo.
En salud, por ejemplo, el gasto ha experimentado un crecimiento significativo durante las últimas décadas y hoy representa una proporción relevante del producto interno bruto, aproximadamente un 10,5% del PIB entre el aporte público y privado. Sin embargo, las necesidades continúan creciendo impulsadas por factores como el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, las nuevas tecnologías sanitarias y mayores expectativas ciudadanas respecto de la calidad y oportunidad de las prestaciones. La realidad en educación presenta desafíos similares, donde las demandas de calidad, cobertura e infraestructura crecen de manera constante.
Por ello, el desafío de las instituciones públicas no consiste únicamente en administrar mejor los recursos existentes, sino también en asegurar condiciones que permitan sostener su funcionamiento futuro. Las organizaciones pueden ajustar gastos, priorizar inversiones y optimizar procesos, pero resulta difícil proyectar servicios de calidad sin mecanismos de financiamiento estable y sostenible en el tiempo.
Gestionar en tiempos de restricciones es, probablemente, uno de los desafíos menos visibles del sector público. Porque cuando una institución continúa funcionando, pocas veces se observa el trabajo que existe detrás para mantener la operación, evitar interrupciones y responder a las necesidades de la ciudadanía.
En definitiva, la discusión sobre el futuro de la salud, la educación y los servicios públicos no debería centrarse exclusivamente en cuánto se gasta o cuánto se recorta. También debería considerar la complejidad de administrar instituciones que enfrentan demandas crecientes, recursos limitados y la responsabilidad permanente de seguir respondiendo a las personas.
Porque administrar recursos escasos frente a necesidades crecientes no es una situación excepcional. Es, y probablemente seguirá siendo, una de las principales responsabilidades de quienes tenemos la tarea de gestionar lo público.
