Por: Pablo Ortiz Muñoz, Mag. en Seguridad y Defensa, ANEPE.
La reciente controversia generada por las declaraciones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en el marco de la discusión del presupuesto 2026, ha generado un debate que, aunque recurrente en los últimos años, adquiere particular relevancia en el actual contexto electoral. La polémica sobre la estrechez presupuestaria que afecta las operaciones de estas instituciones se produce en un momento en que la seguridad, y específicamente el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior —como el resguardo de las fronteras y su despliegue bajo estados de excepción—, constituye uno de los ejes centrales de la discusión pública.
No es la primera vez que este tipo de tensiones emerge en el contexto de la discusión presupuestaria. En años anteriores, el debate ha estado centrado en las dificultades para financiar adecuadamente las plantas de soldados conscriptos y profesionales, entre otros factores estructurales que impactarían en las operaciones de las Fuerzas Armadas. No obstante, más allá del legítimo debate en torno a los recursos disponibles, estas tensiones no plantean la necesidad de reabrir, con profundidad analítica y sentido de responsabilidad democrática, una reflexión más amplia sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en el marco de la defensa nacional y sobre los mecanismos institucionales que deben sostener dicha discusión.
Esta deliberación no puede estar guiada por la lógica reactiva de la coyuntura ni por presiones de corto plazo, sino por la reflexión amplia, en espacios técnicos e institucionalizados. Espacios que, hasta hace pocos años, nos permitieron construir una política de defensa nacional legítima, coherente y ampliamente consensuada, enmarcada en los principios del Estado de Derecho, la conducción civil de la defensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Desde 1997, Chile cuenta con una Política de Defensa Nacional cuyo desarrollo ha sido ejemplar en el contexto latinoamericano. El primer Libro de la Defensa Nacional marcó un hito al concebir la defensa como una política de Estado, integradora, suprapartidista y comprometida con la transparencia. Este esfuerzo permitió reconstruir las confianzas entre las autoridades políticas y las Fuerzas Armadas, en el contexto de la transición democrática, y estableció un principio fundacional clave: la defensa nacional es una responsabilidad compartida que involucra al conjunto de la sociedad.
Las sucesivas actualizaciones del Libro de la Defensa (2002, 2010, 2017 y 2020) no solo han reforzado este enfoque, sino que han incorporado herramientas propias de las políticas públicas. Entre ellas, destacan la modernización del sector defensa, la definición de estándares de transparencia, la apertura a la cooperación internacional y la ampliación del concepto tradicional de defensa, integrando dimensiones emergentes como el cambio climático, las amenazas cibernéticas, las migraciones masivas, la promoción activa de medidas de confianza mutua con los países vecinos, entre otras.
La permanente actualización de nuestra política de defensa da cuenta de una notable capacidad de adaptación y madurez frente a un entorno estratégico dinámico y cada vez más complejo, sin renunciar a los valores fundamentales del sistema democrático y el principio de subordinación militar al poder civil. En un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre, la fragmentación del orden global y la reconfiguración de las amenazas es legítimo reabrir la reflexión y debate sobre las áreas de misión de las Fuerzas Armadas, así como los marcos normativos y presupuestarios que las sustentan.
La experiencia acumulada en las últimas décadas demuestra que cualquier revisión de la política de defensa debe evitar decisiones unilaterales o improvisadas. Por el contrario, se hace indispensable revitalizar los espacios de deliberación plural, técnica y democrática que han dado forma a la denominada comunidad de defensa, entendida como un espacio de convergencia entre actores civiles y militares, centros de estudios, universidades y representantes de los diversos sectores políticos.
En este marco, resulta plenamente razonable reabrir el debate sobre cuestiones tales como el financiamiento del sector defensa, el carácter obligatorio o voluntario del servicio militar —debate que se ha reinstalado con fuerza en diversos países—, el fortalecimiento de la industria militar nacional, o un nuevo proceso de modernización de las Fuerzas Armadas para responder adecuadamente a los desafíos contemporáneos.
No obstante, cualquier deliberación de esta índole debe imperativamente inscribirse dentro de la arquitectura institucional que ha sustentado la política de defensa en Chile. Esta arquitectura ha posibilitado la consolidación de una política de defensa con amplio reconocimiento internacional, armonizando con eficacia la operatividad técnica con la legitimidad democrática.
